El SAS es actualmente dueño de los derechos mundiales del diseño del instrumento pensado por De la Portilla y hay una empresa británica dedicada a la fabricación y suministro de instrumental quirúrgico, Sigh, que ya está vendiendo, bajo licencia del SAS, este modelo de retractor.
Aproximadamente a 300 euros la pieza y con un compromiso de retorno de regalías al titular de los derechos de entre el 7% y el 10%. Aunque eso, por ahora, es lo de menos, según lo entiende Gustavo Fúster, director de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) de la sanidad pública andaluza, integrada en la Fundación Progreso y Salud:
"Económicamente, este acuerdo de licencia, con su expresión en dinero, es un asunto irrisorio. Pero, para nosotros, es muy importante, fundamental. Porque es un ejemplo claro de que en el sistema sanitario público de Andalucía es posible articular procesos de transferencia de resultados de la investigación".
Fernando de la Portilla recuerda cómo empezó todo, en su etapa como especialista en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva: "Quizá por mi formación de origen, muy práctica, se me ocurrió que podríamos mejorar los retractores que usábamos en los quirófanos. Realicé el diseño y se lo llevé a un profesional de la metalurgia de Huelva que ya conocía, quien realizó una primera versión del prototipo en acero quirúrgico. Al final, la Unidad de Investigación del hospital se interesó por la idea y la OTT gestionó la protección del diseño y los contactos para la comercialización".
El instrumento diseñado por De la Portilla es una versión mejorada de los retractores que se usan en los quirófanos para abrir campo y acceder, en la pelvis, a zonas poco visibles. Para este médico, este retractor puede ser especialmente útil para obtener buena visibilidad a la hora de operar tumores rectales.
La propiedad de la licencia industrial del diseño de De la Portilla es del SAS. Fúster, como director de la OTT, explica que "es lógico que, si aparece un descubrimiento susceptible de patente al que se ha llegado con medios públicos y en un entorno público, su propiedad se quede en el ámbito de lo público. Es una manera de devolver a la sociedad los recursos que pone en nuestras manos". Pero también reconoce que hay que organizar en la sanidad autonómica el retorno de beneficios para la persona que hace la investigación, que dedica su tiempo, la inmensa mayoría de las veces fuera de su horario laboral, a mejorar un aspecto concreto de su entorno profesional y asistencial que, como es el caso, desemboca en una patente. Fúster recuerda en este sentido que "la participación de los investigadores en el reconocimiento a su trabajo, expresado en retornos ligados a derechos de patentes, será regulado por un decreto de la Consejería de Salud". Actualmente, la Fundación Progreso y Salud ostenta una encomienda de gestión de la Consejería de Salud sobre todos los derechos de propiedad intelectual e industrial generados en la sanidad pública andaluza.
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
